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Fabiana Quaini

Fabiana Marcela Quaini

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Derecho Internacional

 

CABA - Buenos Aires  -  Mendoza

 

 

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INFORME No. 173/11[1]

PETICIÓN P-897-04

ADMISIBILIDAD

ALEJANDRO DANIEL ESTEVE E HIJOS

BRASIL

2 de noviembre de 2011

 

 I.          RESUMEN 1.            El 14 de septiembre de 2004 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, la Comisión Interamericana o la CIDH) recibió una petición presentada por Alejandro Daniel Esteve a nombre suyo y de sus hijos menores de edad Dan y Paul (en adelante,las presuntas víctimas ) contra la República Federativa de Brasil (en adelante, Brasil o el Estado ) por la alegada retención ilegal de ambos hijos en territorio brasileño, así como por las presuntas violaciones al debido proceso ocurridas en el juicio de restitución.  La representación ante la CIDH fue posteriormente asumida por la abogada Fabiana Marcela Quaini (en adelante, la peticionaria) La peticionaria sostiene, entre otros, que ha habido retardo injustificado en la tramitación de los procedimientos federales de restitución, tanto en primera instancia como en los recursos interpuestos posteriormente. Alega además que el señor Esteve no puede ser parte principal del proceso de restitución, lo cual vulneraría su derecho de acceso a la justicia y a la igualdad ante la ley.  Por su parte, el Estado señala que aún hay recursos pendientes en el ámbito interno, motivo por el cual la petición no es admisible.  Señala asimismo que el señor Esteve tuvo la oportunidad de participar en el juicio de restitución, por lo cual no se le impidió el acceso a la justicia.  Manifiesta además que los jueces brasileños concluyeron que la permanencia de los niños en Brasil no constituye un hecho ilícito teniendo en cuenta el interés superior de éstos.  Sin prejuzgar sobre el fondo de la denuncia, tras analizar las posiciones de las partes y en cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana decide declarar el caso admisible a efectos del examen sobre la presunta violación de los derechos consagrados en los artículos 8.1, 17, 19, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, Convención Americana ), en concordancia con el artículo 1.1 de dicho tratado.a CIDH decide además notificar esta decisión a las partes, publicarla e incluirla en su Informe Anual para la Asamblea General de la OEA.La CIDH recibió la petición el 14 de septiembre de 2004 y el 30 de enero de 2008 transmitió copia de las partes pertinentes al Estado otorgándole un plazo de dos meses para someter sus observaciones. El 5 y 20 de mayo de 2008 se recibieron la respuesta del Estado y sus anexos, respectivamente; cuyas partes pertinentes se trasladaron a la peticionaria el 21 de mayo de 2008 La peticionaria presentó observaciones adicionales el 20 de junio y 20 de octubre de 2008; 9 de abril y 24 de septiembre de 2009; y 28 de julio de 2010 Por su parte, el Estado remitió observaciones adicionales el 29 de septiembre de 2008.Estas comunicaciones fueron debidamente trasladadas a la otra parte. CUESTIONES PRELIMINARES De acuerdo a la documentación proporcionada por las partes, en el marco de la restitución internacional de los niños Dan y Paul Esteve se llevaron a cabo los siguientes procedimientos:El 28 de marzo de 2003 el Segundo Tribunal de Familia de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, otorgó la guarda provisoria de Dan y Paul al señor Esteve, todos de nacionalidad argentina, y ordenó el regreso de los niños a la República Argentina;En abril de 2003 la Autoridad Central Argentina designada en la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores (en adelante la CIRIM ) solicitó a la Autoridad Central de Brasil la restitución de los niños; El 8 de agosto de 2003 la Unión Federal (en adelante “la Unión ), a través de la Abogacía General de la Unión, transmitió el exhorto al Juzgado 12 Vara Federal de Río de Janeiro (en adelante “Juzgado 12 ) para el inicio de la respectiva acción judicial a los efectos de llevar a cabo la restitución internacional de los niños;El 31 de marzo de 2004 el señor Esteve compareció a una audiencia en el Juzgado 12. De acuerdo al acta de la audiencia, el Ministerio Público Federal solicitó la repatriación inmediata de los niños a Argentina;El 9 de marzo de 2005 el Juzgado 12 declaró extinguido el proceso de restitución debido a la falta de legitimación activa de la Unión;El 17 de junio de 2005 la Unión interpuso recurso de apelación alegando, entre otros, que el Estado brasileño es responsable de asegurar a nivel administrativo y judicial la repatriación de los niños ilícitamente transferidos al Brasil.A su vez, el señor Esteve, en calidad de asistente de la Unión en el juicio, presentó recurso de apelación adhiriendo a la solicitud efectuada por la Unión.El recurso fue elevado al Tribunal Regional Federal de la 2da Región el 18 de diciembre de 2006;El 24 de marzo de 2008 el Tribunal Regional Federal declaró parcialmente procedente el recurso reconociendo la legitimidad activa de la Unión. Además, entró a estudiar el fondo del asunto y desestimó la solicitud de restitución con base en que habían transcurrido cinco años desde que los niños llegaron a Brasil; que por lo tanto sería perjudicial para ellos enviarlos a Argentina; y que había suficientes elementos que demostraban la intención de la familia de permanecer en BrasilEl 21 de mayo de 2008 la Unión presentó un recurso de aclaración embargos de ante el mismo Tribunal alegando que hubo contradicción en la medida que la decisión afirma que la materia es únicamente de derecho, cuando en realidad se realizó un análisis fáctico al estudiarse el fondo del asunto; El 18 de mayo de 2009 el Tribunal rechazó el recurso por considerar que no había impedimento para la apreciación de los hechos del caso y que la Unión, para modificar la decisión, debía recurrir por la vía pertinente;El 13 de julio de 2009 la Unión presentó un recurso extraordinario ante el Supremo Tribunal Federal en el que solicitó que se declarara inconstitucional la aplicación del artículo 515, §3 del Código del Proceso Civil en la sentencia del 24 de marzo de 2008; que se reenviaran los autos al juzgado de primera instancia; y que se determinara el regreso de los niños Dan y Paul al lugar de residencia habitual; El 14 de julio de 2009 la Unión presentó un recurso especial ante el Superior Tribunal de Justicia por la no aplicación de la Convención sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores (en adelante (Convención de La Haya) por parte del Tribunal Regional Federal.se reenviaran los autos al juzgado de primera instancia o, en su defecto, se aplicara la Convención de La Haya y se determinara la restitución de los niños a la República Argentina. Al mes de septiembre de 2010 los dos recursos presentados por la Unión continuaban pendientes de resolución. Por otra parte, el 30 de septiembre de 2008 el Fiscal de San Isidro, Distrito Martínez, Buenos Aires solicitó al Juez de Garantías No. 5 del Departamento Judicial de San Isidro la captura y extradición internacional de la señora Lannes, madre de los niños Dan y Paul, por ser probable autora del delito de secuestro de [los niños] y subsidiariamente impedimento de contacto de hijos menores con padre no conviviente .El 18 de marzo de 2009 el Juez resolvió ordenar la detención solicitada. A la fecha la señora Lannes figura en el registro de personas requeridas por Interpol. POSICIÓN DE LAS PARTES44. Ni la Convención Americana ni el Reglamento de la CIDH exigen al peticionario identificar los derechos específicos que se alegan violados por parte del Estado en el asunto sometido a la Comisión, aunque los peticionarios pueden hacerlo. Corresponde a la Comisión, con base en la jurisprudencia del sistema, determinar en sus informes de admisibilidad, qué disposición de los instrumentos interamericanos relevantes es aplicable y podría establecerse su violación si los hechos alegados son probados mediante elementos suficientes
 
45. La peticionaria sostiene que el Estado brasileño violó el derecho del señor Esteve a las garantías judiciales y a la protección judicial debido al retardo injustificado en el procedimiento de restitución, el cual aún se encuentra pendiente ante los tribunales federales, y a una alegada decisión ultra petita del Tribunal Regional Federal. Sostiene además la peticionaria que la supuesta imposibilidad del señor Esteve de ser parte principal del proceso de restitución vulnera su derecho al acceso a la justicia y a la igualdad ante la ley. Concluye al respecto que Brasil violó los derechos reconocidos en los artículos 8.1, 17, 19, 24 y 25 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado. A su vez, el Estado manifiesta que los jueces brasileños, teniendo en cuenta el interés superior del niño, concluyeron que no existió una conducta ilícita por parte de la madre de los niños. Indica por otra parte que el señor Esteve tuvo acceso a recursos internos en forma directa e indirecta.
 
46. En vista de los elementos de hecho y de derecho presentados por las partes y la naturaleza del asunto puesto bajo su conocimiento, la CIDH considera que los hechos alegados por la peticionaria, de ser probados, podrían caracterizar violaciones a los artículos 8.1, 17, 24 y 25 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado en perjuicio de Alejandro Daniel Esteve, y a los artículos 8.1, 17, 19 y 25 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado en perjuicio de los niños Dan y Paul Esteve.
 
47. Entre otros, en la etapa de fondo la CIDH determinará, a la luz del corpus juris internacional en materia de derechos de las niñas, niños y adolescentes, si en el procedimiento de restitución internacional el Estado violó las garantías judiciales en perjuicio de las presuntas víctimas.  Al respecto, y sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, la Corte Interamericana ha considerado que “los procedimientos administrativos y judiciales que conciernen la protección de los derechos humanos de personas menores de edad, particularmente aquellos procesos judiciales relacionados con […] la guarda y la custodia de niños y niñas que se encuentra[n] en su primera infancia, deben ser manejados con una diligencia y celeridad excepcional por parte de las autoridades [10].
 
VI. CONCLUSIONES
 
48. La Comisión Interamericana concluye que es competente para examinar los reclamos presentados en el presente asunto y que la petición es admisible, de conformidad con los artículos 46 y 47 de la Convención Americana. Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos, y sin que ello signifique prejuzgar sobre el fondo del asunto,
 


LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
 
DECIDE:
 
1. Declarar admisible la presente petición en relación con los artículos 8.1, 17, 19, 24 y 25  en concordancia con el artículo 1.1 de la Convención Americana;
 
2. Notificar a las partes la presente decisión;
 
3. Continuar con el análisis del fondo de la cuestión;
 
4. Publicar esta decisión e incluirla en su Informe Anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.
 
Dado y fimado en la ciudad de Washington, D.C., a los 2 días del mes de noviembre de 2011. (Assinado): Dinah Shelton, Presidenta; José de Jesús Orozco Henríquez, Primer Vice-Presidente; Felipe González, Luz Patricia Mejía Guerrero y María Silvia Guillén, Miembros de la Comisión.
 


[1] El Comisionado Paulo Sérgio Pinheiro, de nacionalidad brasileña, no participó en las deliberaciones ni en la decisión del presente caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.2.a del Reglamento de la Comisión.
[2] Comunicación de 25 de septiembre de 2007 recibida en la Secretaría Ejecutiva el 27 del mismo mes.
[3] El Tribunal se basó, entre otros, en las siguientes pruebas presentadas por Hilana Lannes, madre de los niños: que el contrato de alquiler de la vivienda en la cual vivían en Buenos Aires fue rescindido en diciembre de 2002, antes de su vencimiento; que el matrimonio vendió todos sus muebles y pertenencias; y que la compra de pasajes ida y vuelta no significa que la vuelta será utilizada. El Tribunal concluyó que dichos elementos confirman la versión de la señora Lannes según la cual el objetivo del viaje fue permanecer en Brasil debido a la crisis financiera por la cual estaba atravesando Argentina.
[4] El artículo 515, §3 del Código de Proceso Civil establece que en los casos de extinción del proceso sin juzgamiento del fondo (art. 267), el tribunal puede juzgar el asunto si la causa versare sobre una cuestión exclusivamente de derecho y estuviere en condiciones de ser inmediatamente juzgada (traducción de la Secretaría Ejecutiva).
[5] Las pruebas mencionadas por la peticionaria son: que la rescisión del contrato de alquiler de la vivienda en Buenos Aires no demuestra la intención del matrimonio de no regresar a Argentina ya que el contrato vencía indefectiblemente el 1 de abril de 2003; que la venta de parte de los muebles se debió a que, al regreso de Brasil, se irían a vivir a una casa amueblada; que no vendieron el auto ni la moto; y que la presunta víctima trabaja en el Liceo Franco-Argentino, en el cual desempeña un cargo de importancia, y que los dos hijos tenían una beca total en dicho establecimiento, motivo por el cual la crisis argentina no habría afectado la economía de la familia como alegó la señora Lannes.
[6] De acuerdo a la peticionaria, cuando un colaborador de la justicia actúa paralelamente representando intereses opuestos y contradictorios comete lo que en el derecho interno se denomina delito de prevaricato.
[7] Agravo de Instrumento No. 2005.002.23729. Anexo a la comunicación de la peticionaria recibida el 29 de octubre de 2007.
[8] Denuncia No. 9094 presentada por Daniel Alejandro Esteve ante el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, Departamento Judicial de San Isidro, Distrito Martínez, el 24 de junio de 2005. Anexo a la comunicación de la peticionaria recibida el 29 de octubre de 2007.
[9] Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 1, párrafo 93.
[10] Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 1 de julio de 2011, Medidas Provisionales respecto de Paraguay, asunto L.M., párr. 16. Asimismo, la CIDH observa que la Corte Europea de Derechos Humanos ha interpretado el artículo 8 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales conforme al interés superior del niño, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los aspectos civiles de la Sustracción Internacional de Menores en numerosos casos de restitución internacional de niños y niñas, concluyendo que las autoridades administrativas y judiciales deben actuar en estos casos de manera expedita y diligente. Véase ECHR, Case of Ignaccolo-Zenide v. Romania, Application no. 31679/96, Judgment, 25 January 2000, párr. 102; Case of Monory v. Romania and Hungary, Application no. 71099/01, Judgment, 5 April 205, párr. 83 to 85 y; Case of Neulingerand Shuruk v. Switzerland, Application no. 41615/07, Judgment, 6 July 2010, párr. 132

 

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